Si tienes una web de empresa o una tienda online en España, hay una norma que probablemente ya te afecta y de la que casi nadie te ha avisado: la Ley 11/2023. En este artículo te explicamos qué es, a quién obliga, qué tienes que hacer y desde cuándo, sin tecnicismos y sin alarmismo.

Qué es la Ley 11/2023 y de dónde viene

La Ley 11/2023 es la norma española que traspone a nuestro ordenamiento la Directiva europea conocida como EAA (European Accessibility Act, en español Acta Europea de Accesibilidad). Es decir, no es un invento nacional aislado, sino la aplicación en España de una directiva común a toda la Unión Europea.

El objetivo es sencillo de entender: que productos y servicios digitales sean utilizables por personas con discapacidad. Hablamos de personas ciegas o con baja visión que usan lectores de pantalla, personas que no pueden manejar un ratón y navegan solo con el teclado, personas con daltonismo, con dificultades cognitivas o con problemas de audición.

La accesibilidad, además, no beneficia solo a quien tiene una discapacidad reconocida. Mejora la experiencia de personas mayores, de quien navega con el móvil bajo el sol o de cualquiera con una conexión mala o una lesión temporal.

Desde cuándo es obligatorio

La fecha clave es el 28 de junio de 2025. A partir de ese día, los servicios incluidos en el ámbito de la ley deben cumplir los requisitos de accesibilidad.

No es una recomendación a futuro ni un horizonte lejano: la obligación ya está vigente. Si tu negocio entra dentro del ámbito de aplicación, la fecha de cumplimiento ya ha pasado.

A quién aplica

Aquí está la parte que más confusión genera, así que vamos por partes.

La ley se centra en servicios prestados a consumidores. Entre los que aparecen de forma destacada están:

El comercio electrónico (cualquier web que venda productos o servicios a consumidores).
Los servicios bancarios dirigidos a consumidores.
El transporte de viajeros (venta de billetes, información de horarios, etc.).
Las comunicaciones electrónicas y determinados servicios audiovisuales.
Los libros electrónicos y su software de lectura.

Si tienes un ecommerce, la conclusión práctica es directa: lo más probable es que estés dentro.

Las excepciones para microempresas

La ley contempla una excepción importante para las microempresas. Una microempresa es, en términos generales, la que tiene menos de 10 personas empleadas y un volumen de negocio o balance anual que no supera los 2 millones de euros.

Ahora bien, conviene leer la letra pequeña: la exención para microempresas se aplica a las que prestan servicios, no de forma automática a todo. Y aunque tu empresa encaje en la definición de microempresa, eso no significa que ninguna obligación te afecte ni que estés cubierto si dependes de subvenciones (lo vemos más abajo con el Kit Digital).

En cualquier caso, no te fíes de una interpretación rápida. Si tu actividad concreta entra en el ámbito de la ley, el primer paso sensato es comprobar tu situación, no asumir que estás fuera.

Qué exige exactamente

La ley no se conforma con una declaración de buenas intenciones. Exige un nivel técnico concreto:

Cumplir las WCAG 2.1 en nivel AA. Las WCAG (Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web) son el estándar internacional de referencia. Tienen tres niveles: A, AA y AAA. El nivel exigido es el AA, que es el equilibrio razonable entre exigencia y viabilidad.
Seguir la norma UNE-EN 301549. Es la norma europea armonizada que recoge los requisitos de accesibilidad para productos y servicios digitales. En la práctica, está alineada con las WCAG 2.1 AA.
Publicar una Declaración de Accesibilidad. Es un documento público en tu propia web donde explicas el grado de cumplimiento, qué partes pueden no ser accesibles, cómo te puede contactar un usuario que detecte una barrera y qué mecanismo de reclamación existe. No es opcional: forma parte del cumplimiento.

Cumplir estos puntos no se consigue instalando un botón ni un plugin. Requiere revisar el código y el contenido reales de tu web.

El régimen sancionador: qué riesgo hay

Incumplir tiene consecuencias. El régimen sancionador contempla infracciones leves, graves y muy graves, con multas que pueden ser significativas. En el tramo más alto, las sanciones por las infracciones más graves pueden llegar hasta 1.000.000 de euros.

Conviene ser honestos con esta cifra: el millón de euros es el techo máximo previsto para los casos más graves y reincidentes, no la multa típica que recibe una PYME por tener mal contraste en un botón. Pero el rango sancionador existe, es real, y la dirección del viento está clara: la accesibilidad ha pasado de ser una buena práctica a ser una obligación legal con consecuencias.

Nadie puede prometerte de forma seria una “garantía de no multa”. Lo que sí puedes hacer es reducir tu riesgo de forma drástica cumpliendo de verdad y documentándolo.

El ángulo Kit Digital que casi nadie menciona

Hay un punto que afecta a muchísimas PYMEs y que rara vez se comenta. Si financiaste tu web con el Kit Digital o con cualquier otra subvención pública, las bases de esos programas suelen exigir que la web cumpla requisitos de accesibilidad.

¿Qué significa esto en la práctica? Que una web subvencionada que no cumpla podría dar lugar, en el peor escenario, a un reintegro de la ayuda recibida. Es decir, además del riesgo sancionador general, te arriesgas a tener que devolver el dinero de la subvención.

Si tu web salió del Kit Digital, revisar su accesibilidad no es solo una cuestión legal: es proteger una ayuda que ya cobraste.

En resumen

La Ley 11/2023 traspone la directiva europea EAA y obliga desde el 28 de junio de 2025.
Afecta de lleno al ecommerce, la banca, el transporte y otros servicios al consumidor.
Exige WCAG 2.1 AA, la norma UNE-EN 301549 y publicar una Declaración de Accesibilidad.
El rango sancionador llega hasta 1.000.000 de euros en los casos más graves.
Si tu web vino del Kit Digital, incumplir puede implicar tener que devolver la subvención.

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Ley 11/2023 de accesibilidad web: qué obliga, a quién y desde cuándo